En la Cámara de Diputados se acelera el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad que reclamó Javier Milei en el Congreso. El oficialismo convocará a un plenario de comisiones el miércoles 12. Hay coincidencias en los distintos bloques, pero el consenso está lejos. En tanto que la mayoría de Unión por la Patria está en contra.
La intención es reducir la edad de imputabilidad. Los libertarios proponen bajar a 13 años. “La modificación del régimen penal juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad”, advirtió la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO).
Ante la Asamblea Legislativa, Milei había reclamado que se acelere la ley para que “quienes cometan crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”.
Los delitos y los castigos
La modificación legislativa no es tan simple. No se trata solo de coincidir en un número para bajar la edad de imputabilidad; en paralelo la ley debe prever qué delitos deberían ser punibles para quienes los cometan y qué castigos impartírseles según su gravedad.
Hay que determinar en qué casos cabría la internación y qué penas alternativas podrían contemplarse, además de las políticas de reinserción social para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva.
Tan compleja es la temática que los proyectos presentados se discuten en cuatro comisiones: Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. “Ni siquiera la Ley Bases fue tan amplia, explicó Rodríguez Machado. En esta ley participan 113 diputados, casi la mitad de la Cámara”, detalló.
El proyecto del oficialismo
El debate interno comenzó en julio pasado cuando el Gobierno presentó su iniciativa al Congreso. El proyecto propone bajar a 13 años la edad de imputabilidad aunque gradúa la pena según su gravedad.
Cuando esta supere los tres años de prisión y hasta un máximo de seis años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima o una grave violencia física o psíquica, se podrá reemplazar el castigo de prisión por penas alternativas, como la amonestación; la prohibición de contacto con la víctima; la prohibición de conducir o concurrir a determinados lugares, entre otras sanciones.
En caso de que el delito merezca una pena privativa de la libertad, esta podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.